En el marco general de los procesos de verdad y justicia que se desarrollan en Sudamérica, los países de la región han impulsado diversas iniciativas tendientes a conocer, recuperar y difundir el acervo documental referido a las coordinaciones represivas en el Cono Sur, de manera tal de esclarecer lo sucedido y aportar material probatorio para los procesos judiciales en curso o los que pudieran abrirse en el futuro. En este contexto, diversas instituciones públicas depositarias de archivos y fondos documentales han desarrollado medidas específicas, como la creación de unidades de búsqueda y ordenamiento de documentos de archivo, tendientes a identificar, organizar, y desclasificar información.

La iniciativa de confeccionar una guía regional de archivos se apoya en gran medida en esos procesos internos, y parte de la información relevada para este proyecto fue identificada y aportada por esas instituciones públicas.

En particular, la guía de archivos releva y difunde, hasta la fecha, información de 219 fondos documentales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, albergados en diversas instituciones productoras, custodiadoras o archivísticas, en un período que abarca desde principios de los años sesenta hasta la actualidad, con preeminencia de los períodos dictatoriales.

Se trata de la referencia a documentos producidos fundamentalmente por organismos públicos, en particular de defensa, seguridad e inteligencia. Incluye, además, la descripción de documentación producida por otras entidades públicas, incluidas aquellas que desarrollaron investigaciones judiciales o administrativas tendientes a esclarecer lo ocurrido en este periodo. También releva fondos documentales vinculados al tema producidos o depositados en organizaciones sociales y centros académicos.

El acervo documental descripto en la Guía refiere a información que puede dar cuenta de las acciones represivas llevadas a cabo, de las instituciones y personas que las protagonizaron, de las similitudes y diferencias en los modos de llevar adelante las acciones y finalmente de los vínculos entre las entidades de los diferentes países.

Se incluye la documentación conservada en las dependencias judiciales, descripta a partir del relevamiento de los principales procesos judiciales. Dado que en muchas ocasiones no fue posible obtener información acerca de los conjuntos documentales conservados, se decidió incluir la referencia a los procesos judiciales de modo de presentar el relevamiento de las principales causas llevadas adelante en la región.

Además, la guía ofrece información general acerca de las instituciones archivísticas o depositarias de los documentos y de la gestión de su patrimonio documental. A su vez, describe las condiciones de acceso a la información relevada, especificando en cada caso si existen restricciones legales o materiales. Al respecto, en la mayoría de los casos se adjunta la normativa general y específica referida por las instituciones para regular el acceso a los documentos.

Si bien los países incluidos en la guía han desarrollado importantes avances en materia de acceso a la información pública, se puede observar en la práctica la existencia de algunos obstáculos para la consulta de los fondos documentales, que provienen del mismo texto de las leyes o de la distancia que existe entre los estándares planteados en las normas y la realidad de las instituciones depositarias de los archivos.

En tanto, una de las principales causales de restricción legal es la vigencia de normas vinculadas con la protección de datos personales, pues los fondos relevados son relativamente contemporáneos y contienen datos sensibles que deben ser protegidos. Frente a esta cuestión, en algunos casos se utiliza un mecanismo de "disociación" de la información, que permite la consulta de la documentación con los nombres propios tachados.

Otros obstáculos que se pudieron relevar están vinculados con la escasez de protocolos que regulen la publicidad de los fondos documentales, la ausencia de procedimientos claros para resolver las solicitudes de información y la falta de índices de información clasificada y de reglas previstas para clasificar y desclasificar la información. En algunos casos estas reglas existen pero no son públicas.

La mayor parte de la documentación producida por los organismos de defensa y de seguridad está clasificada como "reservada", "confidencial", "secreta", o "altamente confidencial y secreta". En algunos casos no existen plazos de desclasificación, en otros la desclasificación está estipulada en la propia normativa, aunque a veces los períodos previstos pueden ser prolongados. En otros casos, se han tomado medidas concretas para desclasificar específicamente la documentación referida a un período determinado.

En cuanto a las condiciones de acceso materiales o fácticas, las principales dificultades se evidencian en las precarias condiciones de preservación de la documentación, en la falta de organización y descripción interna de los fondos documentales, lo que dificulta a su vez la elaboración de herramientas de descripción tendientes a facilitar la consulta y el acceso a los fondos.

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